José Morales: “La fiscalía jamás puede motivar su actuar por un afán populista”

En las últimas semanas, el caso Cascadas se ha vuelto a instalar en la palestra. La razón: las quejas públicas que han hecho algunos de los querellantes, que consideran que es una investigación lenta, y la demora en la formalización de Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de SQM.

De hecho, el jueves recién pasado, representantes de Habitat se presentaron en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, para solicitar que el fiscal a cargo de estas indagatorias, José Morales, sea removido y reemplazado por un fiscal regional, o por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán (al cierre de esta edición la administradora aún no había ingresado el escrito que da curso formal a la solicitud).

En esta entrevista, el también jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, se refiere a las presiones que algunas de las partes han intentado ejercer, la suficiencia de las pruebas y también al efecto que está teniendo la mayor exposición mediática de los procesos relacionados a delitos de “cuello blanco”.

-¿A qué cree que se deben estas críticas?
-Las críticas han estado concentradas, fundamentalmente, en los querellantes y cierta prensa, lo que se une, además, a que la situación de una de las personas involucradas ha sido públicamente conocida por otro caso, que es Penta-SQM. Entonces hay una presión social o mediática para los efectos de formalizar lo que se ha denominado los delitos “de cuello blanco”. Pero esta presión social de ninguna forma puede implicar que la fiscalía actúe cuando no tiene antecedentes, cuando no tiene convicción de la participación de una persona, o cuando no tiene convicción de la existencia de algún delito. La fiscalía jamás puede motivar su actuar por un afán populista o por caer en gracia a la población o a ciertos medios de comunicación.

-¿Han recibido ustedes estas presiones para formalizar a alguien?
-Hay presiones que uno puede calificar de normales en casos de esta naturaleza, donde además hay tantos intereses económicos en juego. No hay que olvidar, en definitiva, que lo que hay detrás del caso Cascadas es que uno de los involucrados controla una de las mayores empresas del país; por lo tanto, no se puede desconocer que en un caso donde hay tanto dinero en juego deben haber presiones interesadas y legítimas.

-Se alega que hubo incautación de computadores cuando ya estaban reseteados y que ni siquiera tienen los libros contables de las cascadas...

-Medidas como la incautación sólo tienen sentido cuando se hacen inmediatamente. Es sabido que los correos cambian de sistema informático, cuestión que esta fiscalía verificó cuando recibió el caso, y no lo pudimos hacer antes porque no estábamos a cargo del mismo. Sobre los libros contables, la verdad es que impresiona que se diga algo así ya que toda la contabilidad fue incautada hace mucho tiempo.

-¿Esta mediatización ha llevado a un intento por aumentar las formalizaciones?
-Primero, hay que destacar que todas las actuaciones de la fiscalía han sido respaldadas por los juzgados de garantía respectivos, y en su momento en la Corte de Apelaciones. Por otro lado, se ha ido haciendo cada vez más frecuente litigar o discutir los casos a través de la prensa; lo cual es una posibilidad que existe, que nosotros no cuestionamos, pero que sin lugar a dudas no puede reemplazar lo que se discute en tribunales.

Sin embargo, para la fiscalía, formalizar a una persona por un delito debe ser un acto asumido con la mayor responsabilidad, que de modo alguno puede ser arbitrario, no sólo porque esto puede implicar consecuencias legales para el fiscal, sino porque uno no puede olvidar nunca que acarrea un estigma social respecto de las personas que son formalizadas. Además implica que, en nuestro concepto, el formalizar a una persona por un delito de esta naturaleza -como en otros casos-, debe ir acompañado de pruebas suficientes como para sustentar esta formalización en un juicio oral posterior.

-En este caso específico, ¿las pruebas están?
-No quiero adelantar juicios respecto a si están o no las pruebas; lo que sí puedo señalar es que del cúmulo de antecedentes recopilados por la fiscalía, que incluye también la investigación administrativa de la SVS y otros antecedentes que se han podido recopilar por parte del Ministerio Público (MP) -estando aún pendiente un peritaje pagado por uno de los querellantes-, podemos darnos cuenta que éstos , por ahora, sólo son suficientes para formalizar a una persona. No hay que olvidar que era el gerente general de las cascadas, que tenía plenos poderes de actuación respecto de las operaciones en las que participó y que, por lo tanto, no se trata del último eslabón de la cadena.

-También se reclama por el tiempo que está tomando la investigación..
-La determinación de la responsabilidad por parte de la SVS sólo surge en septiembre de 2014, por lo tanto, sólo a partir de esa fecha se tiene perfecta claridad respecto a aquellas personas que fueron sancionadas por hechos que podrían ser, además, ilícitos penales. Lo anterior a eso era sólo un proceso donde había una formulación de cargos, donde no existía ningún tipo de certeza, ni siquiera administrativa, respecto de la participación de dichas personas. Esto siempre lo comunicamos a los querellantes y defensores, porque con la resolución de los cargos, la fiscalía podía tener antecedentes respecto de quiénes eran los sujetos que podían ser perseguidos con mayor posibilidad dentro del ámbito penal.

“Tiene que actualizarse el Código Penal”

-¿Cómo afecta la falta de correos como evidencia, a diferencia del caso La Polar?
-Es que estamos hablando de dos situaciones distintas. En el caso La Polar, la fiscalía intervino desde el primer día, incluso en forma paralela a la superintendencia y, de hecho, gran parte de la prueba que existe en contra de los ejecutivos es la contenida en los correos electrónicos incautados incluso el mismo día desde La Polar. En Cascadas, la Fiscalía Centro Norte recibió la investigación un año después, por lo tanto, no había correos.

-¿Cómo deben ser las pruebas en un proceso penal?
-Puede haber pruebas directas o indirectas cuando se trata de la participación de una persona, pero aquí lo importante es que en materia penal, no se puede acreditar un hecho por presunción de presunciones. Eso es inadmisible, y toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, de tribunales orales, incluso de la jurisprudencia internacional, respalda lo que estamos señalando.

-Pero en el caso Farmacias estaban los correos y, visto desde afuera, se podía tener un resultado exitoso...
-En ese caso, sin que conozcamos todavía el contenido de la sentencia absolutoria, lo que sucede en definitiva es que el tribunal considera que la norma, que era supuestamente aplicable para una situación como la que presentó la fiscalía, no era legalmente aplicable. Entonces en Farmacias no estamos hablando de falta de pruebas, sino de falta de adecuación de los hechos de una determinada norma jurídica, que es lo que entendemos consideró el tribunal.

-Entonces falta actualizar las normas...
-Como entiendo que el gobierno lo está planteando, tiene que actualizarse todo el Código Penal.

El fortalecimiento del Ministerio Público y el archivo de causas

Según el fiscal José Morales, con ese proyecto se haría más efectiva la persecución y detención de bandas de asaltantes.

La semana pasada, en varias comunas de Santiago, se llevó a cabo un "cacerolazo" como protesta al incremento que se ha registrado en el número de robos y asaltos, y al aumento que se está percibiendo de aquellos que son perpetrados al interior de las casas.

Según explica el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales, este tipo de delitos "son muy relevantes de perseguir por parte del Ministerio Público. (...) Los asaltos que sufren las personas en la calle, como los que causan gran conmoción, que son los asaltos al interior de las viviendas, a mí me parece, particularmente, que es uno de los delitos en los que el Ministerio Público (MP) debe centrar esfuerzo en perseguir y detener a esas bandas que se dedican a estos graves hechos". Para ello, agrega, el proyecto de Fortalecimiento al Ministerio Público, que actualmente se encuentra en el Congreso, va en la línea correcta. Esto porque el plan busca, fortalecer su capacidad, e incluye la creación de más de 500 nuevos cargos, 122 fiscales entre ellos, e involucra el aumento de 27% en la planta del Ministerio Público. "Además, se crea el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, que pretende, a partir del análisis y desagregación de los delitos contra la propiedad, que se pueda generar la persecución penal de, por ejemplo, los asaltos y bajar así las tasas de desestimación o archivo, que en estos casos son altas", afirmó Morales.

¿Es el actual proyecto suficiente para lograr que los delincuentes paguen? El fiscal reconoce que es un "gran avance", aunque no es suficiente si no se modernizan los sistemas informáticos y de análisis de información, "porque estamos considerando que la Fiscalía recibe más de 1 millón de ingresos anuales. Sólo la Fiscalía Centro Norte tiene más de 140 mil ingresos anuales; entonces la única forma de lograr un trabajo efectivo es partir de la modernización del sistema de registro de información del MP. Sin este avance y modernización, cualquier otro esfuerzo no será suficiente".

LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

La primera querella Roberto Lobos presentó en 2012 la primera querella del caso Cascadas -relacionada a la llamada Operación Linzor- ante la Fiscalía Oriente.

Cambio de fiscalía En 2013 la investigación pasa a la Fiscalía Centro Norte, específicamente a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el fiscal José Morales. El cambio se debió a la inhabilidad invocada por el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Alberto Ayala.

Los números La causa actualmente está compuesta por 133 tomos, de los cuales 47 son investigativos (el número restante corresponde a anexos).

Las declaraciones Se ha tomado declaración a cinco imputados: Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse, Canio Corbo y Cristián Araya. Todos han asistido varias veces al Ministerio Público para concretar las diligencias. Sólo no ha asistido, aunque fue citado, Roberto Guzmán Lyon. También han concurrido más de una decena de testigos.